Lo que hay detrás de la Ley de Producción Nacional

Nuevamente la derecha en la Asamblea Nacional coloca en el tapete otro bodrio de Ley, seguramente redactado en un bufete malandro con puño y letra de abogados tracaleros. Los amos detrás de la MUD quieren con urgencia ampliar su cuota de privilegios, su base de riqueza material y su patrimonio sirviéndose de lo que hoy está en manos públicas.

Esta vez pretenden cobrar con intereses el posicionado discurso que tan esmeradamente han repetido hasta el cansancio: el de que toda empresa, todo activo y toda propiedad a manos del Estado es improductivo y que en consecuencia debería estar en manos del capital privado empresarial.

El proyecto de Ley de Producción Nacional entra al ruedo luego de dos meses de la derecha dominando el parlamento, pero en lugar de hacer propuestas para la expansión y creación de nuevas líneas de producción en Venezuela, imponen colocar al servicio de los privados lo que hoy es capital público, sean esos activos de propiedad estatal, bajo control obrero, de propiedad mixta o comunal, bien sean de vieja data o adquiridos recientemente por compras amistosas o por expropiaciones debidamente canceladas a sus antiguos dueños. Solo porque así aparece en la Constitución, PDVSA no aparece en esa lista de empresas a privatizar. Solo por eso.

La Ley es deliberadamente ambigua e indiscriminada de los activos en manos del Estado. No señalan diferencias en lo que son empresas estratégicas de las que no lo son. No diferencian entre tierras expropiadas y otros activos como Cantv o Sidor. Para ellos da lo mismo -al mejor estilo del chantaje de matones- a que en nombre de las famosas tierras ociosas recuperadas por el INTI, empresas altamente productivas como Lácteos Los Andes terminen en manos de Polar. Todo “en nombre del aumento de la producción”. Pero hay más. Veamos.

Pagarse y darse el vuelto

En el Artículo 5 imponen una reducción en el ISLR del 30% a las nuevas inversiones de empresarios. No hacen distinciones si esos incentivos son exclusivos para empresas privadas actuales o si aplicarán también a empresas privatizadas. Dejan ver que la medida aplicará a toda empresa privada que haga “nuevas inversiones”. El negocio parece más que redondo, dado que la ambigua ley tampoco aclara los criterios de privatización ni criterios de cálculo de los activos a privatizar. Esto indica que una empresa puede ser vendida a precio de gallina flaca al mejor estilo adeco de los 90 y para colmo, el que la compre pagaría 30% menos de ISLR pues una compra de una empresa está catalogada en las leyes vigentes como una “nueva inversión” por parte de un particular.

Hablan de producción, pero en el Artículo 9 señalan: “Desde la entrada en vigencia de la presente Ley, se extenderá el período de validez o vigencia de los permisos emitidos por la Administración Pública como elementos necesarios para la obtención de la Autorización para la Adquisición de Divisas (ADD), o de cualquier otro requisito para la importación de bienes y servicios”. Crean mecanismos preferenciales extensivos a los empresarios como vías expeditas para que la administración de divisas se subordine a las exigencias de divisas de los empresarios. No aclaran que esto sea exclusivo a empresas privadas actuales o también abarcará a las privatizadas. En el segundo caso, habría empresarios no solo aprovechando activos que antes eran públicos, sino que habrá que darles los dólares que pidan.

En el Artículo 13 imponen que los ajustes de precio de los productos sean implementados “por los productores” cada dos meses y que luego la Sundde los someta a revisión. Es decir, dejan sin efecto la labor de la Sundde como ente que autoriza los precios y derogan la vigente Ley de Costos y Precios Justos. Dejan a libre criterio de los empresarios hacer ajustes, lo que implica el desmontaje automático de los actuales sistemas de regulación de precio.

Privatizaciones

Hay que insistir en esto: la Ley no reconoce categorías para diferenciar que activo o bien en manos del Estado es sujeto a privatización o no de acuerdo a esta ley. Establecen en el Capítulo III "verificar la gestión operativa y financiera de las empresas, tierras, bienes o plantas de producción" que hayan sido adquiridas o expropiadas por el Estado, sin que se aclaren los criterios que puedan determinar o no, si una empresa está produciendo o no y en consecuencia es sujeta a privatización o no. Por ejemplo, si una empresa produce parcialmente puede ser declarada improductiva y en efecto privatizada.

En algunos puntos señalan al Estado venezolano como actor privatizador. El parágrafo 6 del III Capítulo de esta ley establece “ordenar al Ejecutivo nacional la asignación de derechos de gestión y administración a personas naturales y jurídicas del derecho privado de las empresas, tierras, o cualquier otro bien que haya adquirido el Estado”. Léase la ambigüedad “cualquier otro bien” en manos del Estado. Si esa Ley entra en vigencia mañana habría que determinar quién aplicará las privatizaciones ¿La Asamblea?¿Es ese su rol? Y si hablan del Ejecutivo ¿Se refieren al gobierno de Maduro? ¿O a un eventual gobierno de derecha que si esté dispuesto a aplicar un plan de privatizaciones? Tal parece que redactaron una ley hecha a la medida del gobierno neoliberal que quieren imponer.

Como es necesario saber, una ley no es solamente perniciosa por lo que dice sino por lo que no dice y lo que deja de manera ambigua a la aplicación. Pero el artículo 19 es bastante claro y establece que las empresas del Estado "improductivas" sean otorgadas a "un tercero del derecho a gestionar la empresa". Es decir, a un particular, un capitalista.

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“El negocio parece más que redondo, dado que la ambigua ley tampoco aclara los criterios de privatización ni criterios de cálculo de los activos a privatizar”

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La vieja lógica del chantaje

La derecha impone otra nueva ley al estilo de “el queso en la trampa”. Ofreciendo una serie de mecanismos de “incentivo” a todo el capital privado para mejorar la producción nacional, colocan un jugoso queso que la sociedad puede asumir como necesariamente bueno. Pero a la vez confiscan a la sociedad toda de un patrimonio que hoy es colectivo. Sidor, Cantv, Lácteos Los Andes, Empresas Diana, Corporación CASA, Café Venezuela, entre otros; empresas recuperadas, adquiridas, expropiadas o creadas desde cero, en manos del Estado, están en riesgo de ser privatizadas.

Cierto es que en el marco de las adquisiciones del Estado una de las más polémicas es la de tierras que al haberse expropiado se han colocado en manos de pisatarios y nuevos propietarios. Estas tierras se constataron como ociosas antes de su recuperación y han sido adjudicadas a la fecha, estando hoy algunas de ellas improductivas, otras parcialmente productivas y otras totalmente productivas. El argumento de que hay que privatizar todo porque hay una porción de tierras improductivas es inconsistente y falaz. Colocar todo el entramado de la propiedad pública y social al servicio de particulares es neoliberal y totalmente miserable. Así de sencillo.

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