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Gobierno colombiano y ELN abren diálogos de paz

  • 4 abr 2016
  • 3 min de lectura

Desde Caracas, Venezuela


El miércoles 30 de marzo, desde Caracas, el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron el comienzo formal de conversaciones de paz. Delcy Rodríguez, canciller de la República Bolivariana de Venezuela, acompañó la presentación.



De acuerdo al texto firmado por los miembros, la mesa instalada tiene como objetivo “suscribir un Acuerdo Final para terminar el conflicto armado y acordar transformaciones en búsqueda de una Colombia en paz y equidad”.



Las sesiones tendrán lugar en Brasil, Chile, Ecuador, Venezuela y Cuba que son, junto a Noruega, los países garantes de este proceso. Los seis puntos fundamentales que se abordarán son participación de la sociedad, democracia para la paz, víctimas, transformaciones para la paz, seguridad para la paz y dejación de las armas y garantías para el ejercicio de la acción política.



Pocos minutos después de la firma del inicio de los diálogos, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, emitió un mensaje televisivo en el que manifestó que las negociaciones con el ELN traerán “una paz más duradera y estable”.



“En cuanto al tema de terminación del conflicto armado, el objetivo es el mismo: erradicar la violencia de la política y propiciar el tránsito del ELN a la política legal, sin armas”, dijo el mandatario colombiano. Con respecto a los diálogos de paz que se vienen llevando adelante en Cuba con las FARC, Santos señaló que “los procesos con las FARC y el ELN son distintos pero el fin del conflicto es solo uno”.



Referentes del movimiento popular colombiano en general, al igual que la delegación de las FARC en La Habana, saludaron la esperada apertura de las conversaciones formales con el ELN.



Horas más tarde, los jefes de la delegación del ELN brindaron una conferencia de prensa desde Caracas. Allí, manifestaron preocupación porque el paramilitarismo no sea un obstáculo para la paz. En las últimas semanas, decenas de militantes sociales han sido asesinados. Se trata de una práctica recurrente de sicariato que ha recrudecido en el último año, en particular contra las organizaciones que hacen parte de la Cumbre Agraria, Étnica, Campesina y Popular, que en este momento se encuentra en proceso de movilización por sus demandas sociales y políticas.



Para el ELN, no es posible avanzar en un proceso de paz sin considerar la participación de la sociedad en el debate. En su intervención, Antonio García puntualizó que “un proceso de negociaciones no es un acuerdo que se firma: es un proceso que lleva tiempo y que debe incluir a la sociedad”.



Desde diferentes movimientos populares se reclama la apertura de una mesa de diálogo con actores no armados, donde se ponga en debate el modelo económico y político. “Paz con justicia social” es la exigencia:


transformaciones para garantizar condiciones de vida digna para el pueblo colombiano, golpeado por la violencia y el despojo de capitalistas transnacionales y locales.



Finalizada la reunión entre las partes, el presidente venezolano Nicolás Maduro recibió a ambas delegaciones y ratificó “el apoyo moral, político, diplomático, ético y humano del gobierno bolivariano y el pueblo de Venezuela a los diálogos de paz” para Colombia, que implican “una muy buena noticia para la paz de Suramérica”.



En contraposición, el ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez cuestionó la decisión del gobierno colombiano de llevar adelante el proceso en Caracas, calificando al presidente Maduro de “dictador” y al diálogo como un proceso “incierto”.



Uribe se opone al establecimiento de un proceso de paz con las guerrillas colombianas. El recrudecimiento de la violencia estatal durante su presidencia dejó como saldo 32 mil desaparecidos y más del 150% de incremento de casos de “falsos positivos”, como se les llama a civiles asesinados con identidad falseada por las mismas instituciones estatales para hacerlos pasar por guerrilleros. La masificación y expansión del paramilitarismo constituye la herencia más peligrosa del gobierno uribista, y la amenaza más fuerte al desarrollo de los procesos de paz en curso.


 
 
 

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