Sólo la verdad conduce a la paz

Instalada Comisión de la Verdad

Cuatro sillas vacías, en la instalación de la Comisión de la Verdad en el Palacio de Miraflores el pasado 12 de abril, daban cuenta del rechazo del sector opositor venezolano a la búsqueda de la realidad como un mecanismo para alcanzar la reconciliación nacional. "Hemos venido hoy a activar la ruta de la Comisión por la Verdad y la Justicia, que es un proyecto que en varios momentos se ha enarbolado como instrumento para buscar los caminos del respeto al derecho, a la vida, a la democracia y a los caminos de la paz", explicó el presidente Nicolás Maduro, al cristalizar la creación de una instancia que había preconfigurado en su discurso ante la Asamblea Nacional en el mes de enero de este año.

Este organismo, que será dirigido por el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, tendrá como objetivo central la búsqueda de la justicia, la reparación de las víctimas, así como garantizar que no se repitan intentos de golpe de Estado como los que ha adelantado continuamente el sector opositor mediante guarimbas y atentados de toda índole contra la estabilidad del país.

"Estamos empeñados en construir una ruta hacia la verdad. Con la verdad todo lo podemos. Establecida la verdad podremos hacer entonces un nuevo camino de respeto a la democracia, a la Constitución y lo más grande de todo, podremos reparar a las víctimas", dijo el Primer Mandatario.

Un camino a la paz

El Jefe de Estado designó además del vicepresidente Ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, a Larry Davoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de DD.HH, como secretario ejecutivo permanente. La Comisión también contará con los aportes de la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, el Defensor del Pueblo Tarek William Saab, el abogado constitucionalista Hermán Escarrá, la canciller de la República Delcy Rodríguez y miembros del Comité de Víctimas.

Dicha comisión surge en respuesta a la llamada Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional (mejor conocida como Ley de Amnesia Criminal) aprobada el pasado 29 de marzo por las facciones de derecha en la Asamblea Nacional para perdonar unilateralmente delitos de lesa humanidad cometidos desde 1999 hasta la actualidad, incluyendo aquellos que fueran ejecutados durante los hechos del golpe de Estado de 2002 o el intento de derrocamiento al presidente Nicolás Maduro en el año 2014, que dejó un saldo de 43 personas asesinadas y más de 800 heridas.

"Pido al país que entre todos hagamos memoria y no permitamos que esta historia que hemos vivido se borre de la memoria colectiva, de la memoria individual de todos los ciudadanos, ha sido un proceso complejo para tener derecho a hacer una nación independiente, para abrirle espacios a lo que fue la construcción de una nueva América Latina, un nuevo Caribe, una nueva América del Sur renovada", explicó Maduro.

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"Estamos empeñados en construir una ruta hacia la verdad. Con la verdad todo lo podemos. Establecida la verdad podremos hacer entonces un nuevo camino de respeto a la democracia, a la Constitución, y lo más grande de todo: podremos reparar a las víctimas"

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Apoyo internacional

Los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, de España; Martín Torrijos, de Panamá y Leonel Fernández, de República Dominicana, acompañarán la Comisión de la Verdad según anunció el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, quien también aceptó formar parte de esta Comisión como acompañante y no como actor o miembro activo, porque “este es un problema venezolano” y sus soluciones deben surgir “de los venezolanos”. Esta comisión le ofrece a los venezolanos la “posibilidad de encontrar un camino sincero de diálogo, la confrontación no es el camino”, afirmó el expresidente de Colombia.

Por su parte, José Vicente Rangel, defensor de los derechos humanos en los momentos más críticos de la IV República, afirmó que la Comisión tiene el compromiso de esclarecer la verdad de los sucesos violentos acaecidos durante los últimos años, para que quede claro “ante el mundo, que en Venezuela existe una genuina democracia, se respetan los derechos humanos, funcionan las instituciones y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), porque a diferencia de la de la IV República, es respetuosa de los DD.HH”.

Además, dijo que las investigaciones deben desarrollarse a través del diálogo, del entendimiento y buscando el apoyo necesario para que la tarea de esclarecer la verdad cuente con el apoyo de la población venezolana. Recordó que hace 14 años se consumó un atentado contra la democracia, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y contra la legitimidad del poder que le otorgó el pueblo al presidente Chávez.

Un señor (expresidente de Fedecámaras), Pedro Carmona Estanga decidió alzarse con un grupo de traidores para convertirse en Presidente de los venezolanos. Afortunadamente, ese acto fue 47 horas después de ser rechazado por la mayoría absoluta del pueblo venezolano y la unión cívico militar. Las calles le dieron la respuesta a la aventura que pretendió acabar con el sistema democrático de nuestro país”, señaló José Vicente Rangel.

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The Washington Post: un arma de guerra

Cuando hace más de dos años el dueño de la tienda on-line Amazon.com se hizo con el control de The Washington Post –hasta entonces escuela de periodismo- la apuesta no parecía muy clara: el medio había venido bajando dramáticamente sus cifras en dos aspectos clave, publicidad y venta de ejemplares. Si bien la suma involucrada (250 millones de dólares) parecía irrisoria para tratarse de una institución dentro los Estados Unidos, aun así el retorno de la inversión no parecía muy claro.

Sin embargo, por lo menos en lo que respecta a Venezuela, la antigua escuela de periodismo que tuvo su cúspide en la investigación del caso Watergate, ha tornado en una herramienta de la guerra de Cuarta Generación, sirviendo como ariete de las líneas estratégicas que contra Venezuela tiene la derecha internacional en su continuo afán de destruir la Revolución Bolivariana.

En la última de sus andanadas, el otrora equilibrado medio “exige” una intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA) contra la democracia venezolana, sin que medie absolutamente ninguna de las condiciones implícitas para la activación de la Carta Democrática. Si bien el editorial del medio norteamericano no surte ningún efecto sobre la población venezolana, sirve para mantener caldeado el escenario internacional de confrontación, en donde la guerra comunicacional contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha sido constante durante los últimos tres años.

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