¿Guardar en secreto los firmantes del revocatorio?
- Franco Vielma
- 9 may 2016
- 5 Min. de lectura
Debemos esperar de la MUD cualquier tipo de acto irregular en cuanto a las firmas
CNE verificará veracidad de las firmas. FOTO archivo
Sobre las firmas que van y vienen como pasos iniciales para el revocatorio que solicita la derecha contra Maduro, hay mucha tela que cortar. Para lo cual vale la pena preguntarnos sobre preservar el secreto, o no, de los nombres de quienes firmen para revocar a Maduro en cualquier etapa del proceso.
La polémica de la "lista Tascón" luego del revocatorio de 2004 tuvo una aclaratoria en la iniciativa legislativa denominada "Normas para regular los referendos revocatorios" del año 2007, norma que está dentro de las atribuciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), conferidas en el artículo 293 numeral 5 y la Disposición Octava de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 33 numerales 1 y 39 de la Ley Orgánica del Poder Electoral.
Sobre el resguardo de los nombres y datos de los firmantes
Esta norma se hizo para imponer las reglas del juego, y podemos estar seguros de que muchos opositores no la han leído. En Venezuela se garantiza el secreto del voto. Todo acto de voto, hasta el acto de votar en referendo, es secreto, la opción elegida por el votante es secreta en el referendo según lo señalado en el artículo 106 de la norma y de acuerdo a nuestra Constitución. Pero hasta ahí. Una solicitud de referéndum firmada es considerada un acto público, una intención pública del firmante que apoya a organizaciones políticas para dicho acto de revocar a un(a) funcionario(a).
Reza así el artículo 6 de la norma: "El Consejo Nacional Electoral difundirá a través de los medios de comunicación la lista de las agrupaciones con fines políticos y agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas que participarán en los procesos de referendos revocatorios del mandato y la opción que apoya cada una de ellas".
Es decir, la opción de revocar a Maduro, abiertamente expuesta y apoyada por las organizaciones políticas y ciudadanos(as) que forman parte de y apoyan a la MUD, al producirse los actos de firmas, quedan sometidos a los mecanismos previstos en la norma. Sin decirle eso a sus seguidores, la MUD entiende que al activar estos mecanismos acorde a lo previsto por el CNE someten a sus firmantes a estas prerrogativas.
En tiempos de la "lista Tascón", hay que recordarlo, se debatía sobre la legalidad o no de que la referida lista fuera pública. La Constitución y la forma del referendo eran jóvenes, daban sus primeros pasos en nuevos derroteros pasando por un marco de ambigüedad legal, pues estaba incompleto, dado que no existía norma específica para determinar si las firmas debían estar sujetas al escrutinio público y no exclusivamente en el CNE. Esa situación se aclaró luego de la norma de 2007. Lo que implica que es legal que el CNE y la parte perjudicada (Maduro y las organizaciones políticas que lo respaldan) sometan a verificación las firmas y los firmantes. Eso significa que no hay obligación de guardar secreto por quien firme.
La importancia de la verificación
La norma de 2007 establece mecanismos que responden a situaciones como las que el CNE tuvo que lidiar en tiempos previos al revocatorio contra Chávez en 2004. Recordemos que la derecha venezolana organizó dos recolecciones de firmas fallidas, a destiempo y plagadas de irregularidades, que fueron rechazadas por el CNE.
Una de ellas fue por iniciativa del partido Primero Justicia, y la segunda iniciativa denominada "El firmazo" fue organizada por la Coordinadora Democrática (la mamá de la MUD). Luego el CNE impuso un nuevo formato y, al realizarse una nueva recolección, un llamado "reafirmazo" del referendo fue activado.
Todos los procesos de recolección de firmas estuvieron plagados de irregularidades, como firmas planas, datos discordantes, espacios en blanco, números de cédula de identidad inexistentes, extranjeros (transeúntes, no residentes e ilegales) firmando y muy especialmente la colocación de datos de personas que habían sido suministrados por entidades bancarias alineadas con la derecha.
Ese último caso fue emblemático. Durante las tres recolecciones de firmas se acoplaron datos de personas y se conformaron listas con data bancaria. Y durante años personas que declararon ser chavistas acudieron al CNE solicitando reparaciones pues sus nombres aparecían en algunos o en varios listados.
La "lista Tascón", la cual tenía los datos de los firmantes del último proceso de recolección de firmas, tuvo entre sus firmantes personas que declararon ser objeto de un tipo de perjuicio, dado que "años después" del referendo se enteraron que aparecían en esa lista. El listado de situaciones era extenso.
Esto implica que la determinación de la veracidad del acto de los firmantes debe ser un hecho público. No faltarán bromistas que pongan el nombre y la cédula de identidad de Maduro contra sí mismo. No faltarán disociados de humor escatológico que pongan a firmar al mismo Chávez. Ni faltarán quienes con mala intención intenten perjudicar chavistas colocando sus datos con firma falsa en esas listas. Son los opositores, los mismos guarimberos, responsables de poseer esas listas. ¿Es de esperar que las manejen seriamente? Debemos esperar de ellos cualquier tipo de acto irregular.
De ahí que toda persona tiene derecho a saber si su nombre aparece en esas listas. Lo que indica que la actual modalidad de revisión protege la intención del firmante y también los derechos de quienes no han firmado ni firmarán contra la revolución.
La derecha ha recogido las firmas para activar el proceso e inscribir a su organización política con la intención de revocar a Maduro, pero luego deben recabar casi 4 millones de firmas para activar el referéndum. Esto apenas comienza.
Bloque de la Patria contra la injerencia
Una comisión de diputados del Bloque de la Patria acudió el pasado jueves 5 de mayo a la Fiscalía de la República para solicitar una investigación a diputados de derecha que promueven una intervención extranjera en Venezuela.
La diputada socialista, Tania Díaz, explicó que estas acciones constituyen un delito sancionado en los artículos 128, 129 y 130 del Código Penal venezolano, en el que se tipifica la promoción de intervención como traición a la patria.
El grupo de diputados socialistas consignó en Fiscalía documentos para la investigación, que incluyen mensajes públicos de diputados de derecha en los que hablan abiertamente de reuniones sostenidas con dirigentes del alto gobierno de los Estados Unidos, país que acaba de extender sanciones unilaterales contra servidores públicos de Venezuela y que mantiene un decreto de amenaza contra el país.
“Estamos consignando documentos, algunos de ellos son declaraciones de carácter público en sus propias redes sociales, en sus páginas informativas. Los diputados de la Mesa de la Unidad democrática, expusieron la forma como acudieron por ejemplo a reuniones con la subsecretaria de Estado norteamericana”, indicó la diputada.
La comisión encargada de realizar la solicitud de investigación ante las acciones de los diputados de oposición estuvo conformada por los asambleístas Tania Díaz, Ilenia Medina, Carmen Meléndez y Víctor Clark.
Por su parte, la parlamentaria Tania Díaz señaló que no permitirán que los diputados de la derecha irrespeten los Poderes Públicos de la Nación.
“Nadie puede venir desde su poder a tomar por asalto a otros poderes de la República” refirió la diputada Díaz.
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