Dilma y el contraataque de los golpes “blandos”
- Verónica Díaz Hung
- 9 may 2016
- 4 Min. de lectura

Ernesto Villegas en entrevista exclusiva para TeleSur con la presidenta Dilma Rousseff. FOTO ARCHIVO
En Brasil ocurre lo insólito, porque quienes acusan y hasta pretenden destituir a una mandataria electa con 54,5 millones de votos, responden por procesos de corrupción. “O sea, los acusadores son criminales”, reflexiona João Pedro Stedile, dirigente del Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil.
Asimismo, en entrevista exclusiva para TeleSur con el periodista Ernesto Villegas, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, reiteró que un juicio en su contra no puede llevarse a cabo solo por un recelo político de la derecha, porque para que proceda al impeachment es necesario que haya un delito de responsabilidad y una base jurídica, porque los cargos que intentan imputarle no tienen base para alejar a un jefe de Gobierno del poder.
En cambio, son los acusadores los que han cometido delitos, como sucede con el senador brasileño Antonio Anastasia, uno de los instructores del juicio político a Dilma, quien para financiar su campaña como senador por el Partido Social Demócrata de Brasil (PSDB), habría recibido importantes donaciones de empresas relacionadas con Petrobras.
Igualmente, Eduardo Cunha, uno de los principales promotores del golpe de Estado en Brasil, fue suspendido de manera provisional de su cargo como presidente de la Cámara de Diputados del Parlamento brasileño, debido a su vinculación con los hechos de corrupción en el caso Petrobras.
“No me están acusando de un delito de corrupción porque no lo he cometido, no tengo cuentas bancarias en el extranjero, no tengo procesos contra mí por haberme aprovechado o haber sacado ventaja de cualquier aspecto del Gobierno, se trata de una discusión sobre cuentas públicas, sobre administración presupuestaria, y este tipo de administración no es base para alejar a un presidente de la República de su condición de jefe del Ejecutivo”, expuso la mandataria desde el Palacio de Planalto.
Desde el principio de su segundo mandato, la derecha ha tratado de apartarla del poder.
“Pidieron el reconteo de los votos, lograron hacerlo y se demostró que habíamos ganado efectivamente las elecciones. Después pidieron una auditoría, una verificación de las urnas electorales y pasó lo mismo, pidieron una comprobación de estas urnas y no había ningún tipo de problemas ni manipulación. Después de esto hicieron intentos para impedirme que tomara posesión en el Tribunal Superior Electoral y esto también se mostró inviable, porque mis cuentas fueron aprobadas y yo tomé posesión, pero no estaban satisfechos y siguieron con este proceso”, explicó.
El proceso de impeachment inició el pasado 02 de diciembre impulsado por Eduardo Cunha, en búsqueda del impedimiento de la continuidad del mandato de Dilma.
Las acusaciones versan sobre violación a la Ley Presupuestaria y a la Ley de Probidad Administrativa por parte de la presidenta, además de lanzar sospechas de implicación en actos de corrupción en Petrobras, en la llamada “Operación Lava Jato”.
Sin embargo, juristas que contestan la denuncia afirman que las llamadas "pedaladas fiscales" no caracterizan improbidad administrativa y que no existen pruebas que impliquen a la presidente en crimen doloso que pueda justificar el impeachment.
“En la Constitución está previsto que un presidente puede ser alejado del Gobierno por un delito de responsabilidad y me acusan de seis decretos presupuestarios, de créditos suplementarios, los cuales son muy pocos cuando tomamos en cuenta que el expresidente Fernando Enrique Cardozo emitió 101 decretos en el año 2001”, explicó la mandataria.
“No es solo un golpe contra la democracia, es también un golpe contra todos los procesos de inclusión, de las políticas que fomentan el crecimiento y el desarrollo de los sectores industriales y agrícolas”
Vías no electorales
En esta nueva etapa las élites latinoamericanas buscan frenar los procesos de inclusión y soberanía sustituyendo los métodos de guerras que usaron en el pasado, por otros tipos de golpes no convencionales.
Los llamados golpes blandos -explica- se caracterizan por crear, a través de campañas de desprestigio y saboteo económico, un clima de inestabilidad política que justifique la intervención internacional.
El ejemplo más claro- dijo- son los golpes parlamentarios que ya se ejecutaron en otros países como Paraguay y Honduras y que se intenta replicar en su país.
“En el conflicto ejecutivo-legislativo pasa lo siguiente: los gobiernos electos por la mayoría de los votos populares, que provocan inconformidad y el acceso a determinadas fuerzas políticas, están siendo víctimas de una acción de derrocamiento a través de mecanismos aparentemente democráticos, que son utilizados para sacar estas representaciones de la dirección del Poder Ejecutivo y sustituirlas por gobiernos que van a cambiar esta orientación”, analizó.
Considera que los Gobiernos progresistas de la región “están siendo blanco de un ataque, de una acción de derrocamiento a través de mecanismos aparentemente democráticos”.
Pero no es solo un golpe contra la democracia, “es también un golpe contra todos los procesos de inclusión, de las políticas que fomentan el crecimiento y el desarrollo de los sectores industriales y agrícolas”.
Rousseff aseveró que resistirá hasta el final y no renunciará, ya que si lo hace dejará “enterrada la prueba clara de un golpe que no tiene basamento legal y cuyo objetivo es ir en contra de los logros adquiridos en los últimos 13 años”.
Por su parte, João Pedro Stedile, sostiene que el fondo, el verdadero objetivo de la burguesía es utilizar esos “lumpen-parlamentarios” para abrir camino a la recomposición del neoliberalismo en Brasil. Ellos precisan recuperar sus tasas de lucro y seguir la acumulación de rentas y riquezas.
Este plan supone disminuir el costo de mano de obra, con la reducción de los salarios y los derechos de los trabajadores conquistados.
Pretenden además la libertad total para apoderarse privadamente de las enormes riquezas naturales de Brasil, que según la Constitución pertenecen al pueblo.
Y precisan recolocar a la economía bajo los intereses de las empresas y del capital estadounidense.
“Para eso van a acabar con el Mercosur, debilitar la Unasur y desarticularán los BRICS, además de acelerar acuerdos de libre comercio”.
Ante este panorama, el dirigente del MST considera que “el futuro depende de cómo el pueblo y la clase trabajadora va a movilizarse”.
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