Curuguaty deja al desnudo la injusticia en Paraguay
- Fernando Vicente Prieto y Micaela Ryan
- 18 jul 2016
- 4 Min. de lectura
El lunes 11 de julio se condenó a 8 campesinos y 3 campesinas enjuiciados tras la masacre de Curuguaty. Familiares, organizaciones campesinas y miembros de la Iglesia denuncian que el juicio es una farsa
Movilizaciones populares en Paraguay. FOTO ARCHIVO
El 15 de junio de 2012, durante la represión a la toma de tierras de Marina Kue, murieron 11 campesinos y 6 policías. Los asesinatos, nunca aclarados, ocurrieron luego de que familias campesinas recuperaran un predio estatal usurpado por la empresa Campos del Morumbí, de la familia Riquelme. En los días siguientes, el episodio de violencia fue utilizado por la derecha paraguaya para dar el golpe institucional contra Fernando Lugo. En trámite exprés, en pocas horas, el Parlamento destituyó al presidente, responsabilizándolo por la masacre.
Cuatro años después de los hechos, sin policías procesados y en medio de fuertes irregularidades en la investigación del caso, el estupor y el repudio atraviesan la sociedad paraguaya.
Cuatro de los sentenciados recibieron las penas más altas por homicidio doloso, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal. La condena más dura es para el dirigente campesino Rubén Villalba, condenado a 30 años de cárcel, mientras que el campesino Luis Olmedo recibió una condena de 20 años de cárcel. Néstor Castro y Arnaldo Quintana fueron condenados a 18 años de prisión. Todos ellos fueron considerados coautores de homicidio, sin ninguna prueba que avale esta decisión.
Las tres mujeres acusadas recibieron condenas de seis años de prisión, consideradas como cómplices de homicidio. El resto de los acusados fueron sentenciados a cuatro años de prisión bajo el cargo de asociación criminal e invasión de inmueble ajeno.
La audiencia tuvo que ser suspendida debido a las masivas protestas en las afueras del Tribunal y de los familiares y allegados presentes en la sala. Tanto los familiares como los abogados de la defensa permanecieron ocupando la sala de audiencias del Tribunal tras la lectura del fallo, que causó indignación en gran parte de la población paraguaya.
Frente al Palacio de Justicia se congregó una multitud desde tempranas horas en la mañana. La indignación de la sentencia provocó la furia de los manifestantes, que corearon, entre otras consignas, “el pueblo va a reaccionar”.
Repudio a la injusticia
Los abogados de la defensa denuncian que el caso es incongruente en la medida que ningún policía fue imputado y que se obviaron numerosas pruebas presentadas por la defensa.
Pocas horas después de la sentencia, el juez Ramón Trinidad Zelaya, presidente del Tribunal de Sentencia, brindó una conferencia de prensa. Allí, fue consultado además por el cargo de “invasión de inmueble” aplicado a los acusados, ya que el territorio en cuestión es un terreno fiscal. Sin embargo, el juez manifestó que la propiedad pertenece a la firma Campos Morombí.
En un país caracterizado por la concentración extrema de la tierra, llama la atención que a los campesinos se les impute por “invasión de inmueble ajeno”, luego de reprimirlos, pero el Estado no haga lo mismo con los empresarios que usurpan propiedades ajenas.
Los periodistas presentes insistieron para que el magistrado mencione alguna de las pruebas que existen contra los sentenciados, a lo que el juez debió reconocer que los testigos son todos policías y que aún no se puede establecer con exactitud “quien mató a quien” durante el enfrentamiento originado a partir de la represión.
“La justicia actúa con tanta bajeza que ya es demasiado. Es una persecución abierta a la lucha campesina. Nuestra justicia es tan barata…”, expresó Alicia Amarilla, de CONAMURI, organización de Mujeres Campesinas e Indígenas que acompañó el desarrollo del juicio manifestando solidaridad.
“¿Qué nombre darle a una justicia que antes de comenzar el juicio ya dictó sentencia?
La animosidad contra los campesinos fue tan notoria que en pleno juicio, en enero de 2016, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas reclamó a Paraguay "investigaciones imparciales e independientes" sobre los hechos.
Más recientemente, distintos miembros de la Iglesia Católica cuestionaron en duros términos al Poder Judicial. Por sus críticas, el obispo Mario Melanio Medina fue amenazado con una querella por el expresidente Federico Franco. Luego, en un documento firmado por los sacerdotes Bernardo Ríos, Celestino Ocampos y Oscar Martins salieron en defensa del obispo, señalando que “esta burda farsa de juicio que hemos presenciado ha producido en sus protagonistas impotencia y desamparo por el sufrimiento de tantos inocentes (presos y familiares)”.
“¿Qué nombre darle a una justicia que antes de comenzar el juicio ya dictó sentencia?”, agregaron. “La masacre de Curuguaty, antes del hecho, durante y hasta ahora es una acción pensada, diseñada y ejecutada”.
“Este es un juicio político”, coincide Alicia Amarilla. “Es una represión para todas las organizaciones, para nosotros es muy claro eso. La raíz de todo esto es la concentración de la tierra y la lucha por la tierra. Es que la justicia nos dice a los sectores campesinos indígenas: ‘Si ustedes siguen luchando por la tierra, esto es lo que los espera’. Se violan todos los derechos humanos para sentenciar a estos compañeros, pero además están desalojando muchísimos asentamientos y hay amenazas de nuevos desalojos”.
La referente de la organización campesina de mujeres agrega que ante la situación de desigualdad en el acceso a la tierra y a la justicia, los movimientos seguirán “en la línea de la desobediencia civil, organizando la resistencia”. Y sostiene: “Pensamos que va a ser una lucha larga, con grandes campañas y acciones directas. El pueblo no se quedará quieto”.
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