El golpe de la MUD entra en nueva fase
- 8 ago 2016
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El juego macabro de la contrarrevolución
Un peligro encierra nuevo intento en la AN de incorporar a los diputados desconociendo al TSJ
“Este es un régimen que está caído y se sostiene con las muletas del Tribunal Supremo de Justicia”, esta afirmación, la más reciente del presidente de la Asamblea Nacional, el adeco Henry Ramos Allup, luego de la nueva y también ilegal juramentación de los diputados de Amazonas, deja ver lo que es su mayor deseo desde que la oposición por él encabezada alcanzó la circunstancial mayoría parlamentaria y que no parece ser otro sino el derrocamiento del presiente Nicolás Maduro.
Tristemente célebre sería aquella expresión suya en la que, cual pitoniso, aseguró que en seis meses el presidente Nicolás Maduro sería desalojado del poder. Ciertamente, en esta nueva afirmación de la cita inicial de Allup, parece que se cuidó un poco más y evitó que de su deslenguada boca saliera otra de sus envalentonadas expresiones, como decir “el ilegítimo TSJ”.
Solo que al hacerlo dejaría en clarísima evidencia que ni él ni sus asesores tienen argumentos jurídicos-constitucionales de peso para desconocer las actuaciones del máximo Tribunal, para bien del país, ha logrado deshacer con sentencias firme de su Sala Constitucional todas las locuras aprobadas por esta mayoría parlamentaria –la más tristemente célebre, la Ley de Amnistía- dirigidas a detonar la institucionalidad democrática bolivariana.
El último de estos desvaríos oposicionistas ha sido por lo visto el nuevo intento de incorporar a la AN a los tres diputados del estado Amazonas, cuya juramentación evitó con anterioridad el TSJ con firme sentencia, luego del petitorio de lo Bloque Parlamentario de la Patria ante evidencias contundentes de un fraude electoral en su elección, lo cual intentan con nueva “vuelta” al texto de nuestra Constitución y otras leyes –como dijera el constitucionalista y constituyentista Isaías Rodríguez recientemente, al cumplirse 11 años de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999.
Encendido de alarmas
A partir de aquella desmesura de Allup de “los seis meses de gobierno de Maduro”, las alarmas bolivarianas se encendieron, pues cumplir con ese ofrecimiento solo era posible con un golpe de estado clásico, ergo, un alzamiento militar con apoyo civil.
Lo cierto es que ya es público y notorio que una vez convencido que en el Tribunal Supremo de Justicia no encontraría eco para torpedear al Poder Ejecutivo, que es decir obstaculizar la labor de Gobierno del presidente Nicolás Maduro, ni mucho menos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para sus fines golpistas, el dirigente adeco apelaría entonces al catálogo de opciones del Pentágono estadounidense, en particular el referido a cómo derrocar a un gobierno enemigo a través de la fórmula del “estado forajido”.
Éste consiste en desatar una sostenida campaña de deslegitimación institucional contra el Gobierno objetivo, con especial énfasis y resonancia hacia el exterior para “ablandar” a la opinión pública mundial haciéndole creer lo de “presidente tirano”, ello a través de una poderosa campaña mediática internacional que cree el escenario para algún tipo de intervención extranjera, algo parecido a lo sucedido con Irak, Libia y Siria antes de ser destruidas por los bombardeos “humanitarios” estadounidenses.
"El último de estos desvaríos oposicionistas ha sido por lo visto el nuevo intento de incorporar a la AN a los tres diputados del estado Amazonas"
Dentro de esta estrategia se inscribe al parecer el fallido intento de la oposición derechista de que la OEA le aplicase la Carta Democrática al gobierno del presidente Maduro.
Lo de “algún tipo”, significa que esta puede darse a través de bloqueos económicos-financieros, como de hecho ya ocurre contra Venezuela, e incluso llegándose hasta la más grave: la agresión militar.
En tal sentido, ya es público y notorio la existencia del Plan Freedom II del Comando Sur estadounidense, en el cual se preveía que entre los meses de julio y de agosto de 2016 estarían maduras las condiciones para una intervención militar, fecha cuando según los operadores internos de la desestabilización en nuestro país se produciría un estallido social producto del desabastecimiento generalizado de alimentos y medicinas, lo cual gracias a las medidas del Gobierno Bolivariano parece disiparse, en particular la activación de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y su carácter cívico-militar.
El desespero opositor
Y he aquí entonces el peligro que implica entonces las última e ilegal decisión de la mayoría parlamentaria de derecha de incorporar a la Asamblea Nacional a los tres diputados de su bancada electos por el Estado Amazonas, pasando por encima incluso de la sentencia del TSJ ordenando su suspensión mientras se investiga o no la ocurrencia de un fraude en su elección, oportunamente denunciado por el Bloque Parlamentario Bolivariano.
Allup, consciente ya de la imposibilidad de la realización del referéndum revocatorio este año, parece mover desesperadamente todas sus piezas para acelerar las condiciones que lleven al gobierno de Estados Unidos y a sus aliados de la Unión Europea a declarar a Venezuela Estado forajido, intentar presionar al presidente Maduro para que renuncie, algo que el líder bolivariano ha rechazado categóricamente.
De lo contrario, se activaría una operación de intervención militar, seguramente precedida de otras de falsa bandera y desarrollo simultáneo, como serían un supuesto y mediático alzamiento de alguna unidad militar venezolana –al estilo “Plaza Verde de Libia”, con actores contratados personificando a altos mandos incluidos y filmación fuera de Venezuela- contra el Gobierno del presidente Maduro, acciones “masivas” de violencia guarimbera y supuestos ataques del “chavismo violento” – paramilitares disfrazados como tales- contra una “pacífica” y “democrática” oposición.
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